Sesión conjunta entre Mesa Permanente de Concertación y Comisión de Derechos Humanos en Colombia, reactivó el tema de consulta previa
En Bogotá, se realizó la sesión conjunta entre la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas -CDDHHPI- y la Mesa Permanente de Concertación – MPC-, en el marco de la segunda sesión ordinaria 2025 de la CDDHHPI, especio en el que reactivó el tema de la Consulta Previa, Libre e Informada de la reglamentación del decreto ley 4633 de 2011.
En este evento, que contó con la presencia de altos funcionarios de diferentes instituciones del Estado, fueron analizadas las políticas públicas de paz y seguridad del Gobierno Nacional que afectan a los Pueblos Indígenas en el marco de la Paz Total y las normas que la regulan; mientras que los indígenas wayuu estuvieron representados por la abogada Laura Andriolis Freile, y otros miembros de la Mesa de Concertación.
Ese encuentro también buscaba fortalecer la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas mediante el alcance de acuerdos con la MPC y el Gobierno Nacional que garanticen la continuidad de las sesiones ordinarias 2025 y 2026.
En la Consulta Previa de la reglamentación del Decreto Ley 4633 de 2011, se concertó la reactivación de la ruta de consulta en su etapa de concertación técnica y protocolización en MPC, los pueblos indígenas solicitaron la garantía para el proceso de concertación técnica mediante la asignación presupuestal a 2025.
Durante la sesión conjunta de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas -CDDHHPI- y la Mesa Permanente de Concertación – MPC, se habló sobre el Decreto de protección individual y colectiva para pueblos indígenas, cuyos objetivos son: Definir las fuentes jurídicas del decreto de protección para pueblos indígenas.
Otro de los temas tratados en el encuentro fue Paz Total en los territorios indígenas, donde solicitaron la participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones en los procesos y diálogos de paz, y la aprobación de la hoja ruta de articulación entre OCCP y las estructuras de gobierno indígenas, dejando claro el principio rector de no reclutamiento de niños, niñas y adolescentes -NNA-, y garantías para la restitución de derechos en los procesos y espacios socio jurídicos.
